Castilla y León ha anunciado una inversión de 254.232 euros para impulsar la formación de los profesionales que trabajan con niños de hasta seis años. Esta medida busca reforzar la prevención, la detección precoz y la intervención ante posibles problemas en el desarrollo infantil y el retraso madurativo, un asunto que preocupa cada vez más a las familias y a los sanitarios.
La iniciativa, gestionada por la Gerencia de Servicios Sociales, se extenderá desde diciembre de 2026 hasta noviembre de 2029. La partida europea (152.539 euros) será el 60% del presupuesto, mientras que el resto (101.693 euros) lo pondrá la Junta de Castilla y León.
Un fondo para la formación de los profesionales
El plan se llama ‘Formación 360: Capacitación para el Consenso de la Atención Temprana’ y tendrá cuatro fases: diagnóstico de necesidades, diseño curricular, ejecución y evaluación. En la práctica, los sanitarios de pediatría, maestros de infantil, trabajadores sociales y expertos en atención temprana recibirán herramientas actualizadas para identificar riesgos antes de que se agraven.
Uno de los pilares es actuar en los primeros años, cuando el sistema nervioso presenta mayor plasticidad. Según el proyecto, una detección precoz y un tratamiento adecuado pueden mejorar notablemente el pronóstico de los menores.
Intervención coordinada y apoyo a las familias
Además, se ha puesto el foco en los menores que viven en situaciones de vulnerabilidad social o económica. El convenio busca que las desigualdades no se conviertan en una barrera para recibir atención. Para ello, se creará un modelo de trabajo interdisciplinar que implique a los equipos de sanidad, educación y servicios sociales, con una intervención centrada en el niño y su entorno familiar.
La dispersión del territorio de Castilla y León ha llevado a la iniciativa a prestar especial atención al medio rural. La intención es mejorar la coordinación entre los servicios públicos y que las familias que viven fuera de las capitales puedan acceder a los mismos servicios especializados.
Cuatro fases y un horizonte de tres años
El programa se va a desarrollar en etapas claras: primero un diagnóstico de las necesidades formativas, después el diseño del contenido y la metodología, luego la ejecución y, por último, la evaluación de resultados. El objetivo es que cada acción esté suficientemente justificada y que los resultados permitan ajustar las estrategias futuras.
La vigencia del acuerdo se prolonga hasta el 31 de diciembre de 2029, en línea con el marco financiero del Fondo Social Europeo Plus. Así, la comunidad se prepara para abordar con garantías los desafíos del desarrollo infantil durante la próxima década.
Este plan no se queda en una simple dotación económica, sino que busca transformar la red de atención mediante la profesionalización continua. La clave está en la colaboración entre la Junta y el Ministerio de Derechos Sociales, que respalda una iniciativa enmarcada en la lucha contra la pobreza y la inclusión social.