La organización social de los cuidados se ha convertido en uno de los grandes desafíos de las políticas públicas tanto en España como en América Latina. Mientras en nuestro país la reciente reforma de la Ley de Dependencia y de la normativa sobre discapacidad, aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado 16 de julio, introduce cambios sustanciales en el modelo de atención, en México las organizaciones civiles reclaman una inversión mucho mayor para hacer efectivo un sistema nacional que lleva años sobre el papel. Ambas realidades comparten un mismo diagnóstico: los cuidados no pueden sostenerse sin financiación suficiente ni condiciones laborales dignas.
La reforma española, valorada por la Plataforma Social de Castilla y León, refuerza los cuidados en el domicilio, amplía la asistencia personal y los apoyos en viviendas, y mejora la protección de los menores de seis años. También introduce cambios fiscales que alivian la carga económica de las familias y elimina el régimen de incompatibilidades entre prestaciones, lo que permitirá combinar servicios de manera más flexible. En paralelo, se reduce a tres meses el plazo máximo de resolución de los expedientes y se crea una ventanilla única para gestionar las prestaciones, un avance que promete acabar con buena parte de la burocracia que históricamente ha lastrado el sistema.
La figura de la persona cuidadora entra en la ley
Uno de los hitos más relevantes de la reforma es el reconocimiento expreso de la persona cuidadora principal, una figura que en la práctica sostiene el sistema pero que hasta ahora carecía de respaldo legal específico. Esta persona tendrá derecho a información, formación y acompañamiento, así como a medidas que garanticen la continuidad de los cuidados en caso de enfermedad grave u hospitalización. Sin embargo, las organizaciones de cuidadoras advierten de que el reconocimiento legal no resuelve todavía cuestiones como la remuneración, la cotización o la jubilación anticipada.
La reforma incorpora además un nuevo artículo 35 bis sobre calidad en el empleo, que obliga a establecer criterios para garantizar suficiente personal en los centros y permitirá evaluar indicadores como salarios, jornadas y temporalidad, desglosados por sexo, edad, origen y titularidad del servicio. Se trata de un paso importante para dignificar un sector tradicionalmente precarizado y feminizado, aunque su desarrollo reglamentario será clave para que no quede en una declaración de intenciones.
Más protección y menos coste fiscal para las familias
En el plano económico, la reforma amplía las prestaciones exentas de tributación en el IRPF, incluyendo las vinculadas a cuidados familiares, asistencia personal y apoyos en viviendas. También establece que las ayudas de emergencia social destinadas a cubrir necesidades básicas no tengan consideración de subvenciones, evitando su tributación como ganancia patrimonial. Además, se reconoce a los servicios sociales como servicios esenciales, un cambio de estatus que puede tener implicaciones profundas en su financiación y en la obligación de los poderes públicos de garantizarlos.
Otro aspecto destacado es la creación de un grupo de trabajo estatal sobre financiación y sostenibilidad del sistema de dependencia, que deberá analizar las necesidades económicas reales y establecer criterios para determinar el gasto. La reforma plantea que la aportación de las comunidades autónomas sea, al menos, equivalente a la de la Administración General del Estado, con el objetivo de alcanzar el 50% de financiación estatal. Este es uno de los puntos más esperados, ya que la distancia entre los derechos reconocidos y los recursos disponibles ha sido una de las críticas históricas al sistema.
El desafío mexicano: presupuesto insuficiente y corresponsabilidad pendiente
Al otro lado del Atlántico, México enfrenta un reto similar pero con una brecha aún mayor. Según el Consorcio Organizador del Encuentro Nacional “El futuro de los cuidados en México”, integrado por diez organizaciones nacionales e internacionales, el presupuesto actual resulta insuficiente para construir un sistema universal. Para 2026, el gasto público proyectado para programas federales relacionados con los cuidados representa apenas el 1,21% del PIB, una cifra muy por debajo del 2,9% que la OIT estima como necesario para una inversión pública adecuada.
Las organizaciones denuncian que nueve de cada diez personas con discapacidad no acuden a un centro especializado, y que solo el 2% de la oferta pública está dirigida a personas mayores. Además, la precarización de quienes realizan tareas de cuidado es alarmante: solo 2 de cada 100 personas que se dedican al trabajo del hogar tienen acceso a seguridad social, y siete de cada diez no cuentan con ninguna prestación más allá de su salario. La falta de derechos laborales para quienes cuidan es una situación de emergencia, especialmente cuando se proyecta que el sector de cuidados será uno de los mayores generadores de empleo en las próximas décadas.
La corresponsabilidad como eje transformador
Tanto en España como en México, el debate sobre los cuidados ha puesto sobre la mesa la necesidad de transformar las normas culturales que han asignado históricamente esta tarea a las mujeres. La corresponsabilidad entre hombres, familias, Estado, sector privado y sociedad es un eje central de las propuestas. En México, el Consorcio ha llamado a los tres órdenes de gobierno, legisladores, sociedad civil y sector privado a sumar esfuerzos para consolidar un sistema nacional, con el objetivo de construir una política pública de largo plazo que asegure la atención como un derecho garantizado y una responsabilidad colectiva.
En el ámbito regional, la Secretaría Nacional de Cuidados de Uruguay y el Instituto Nacional de Discapacidad (INADIS) han impulsado un intercambio sobre los desafíos para construir sistemas integrales de apoyos y cuidados que fortalezcan la autonomía de las personas con discapacidad. Durante la Sexta Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, organizada por la CEPAL, la directora adjunta de la Secretaría Nacional de Cuidados, Valentina Perrotta, planteó la necesidad de “desplazarse hacia sistemas de cuidados, pero en realidad también, sobre todo, de apoyos para la toma de decisiones autónomas”. Un cambio de lenguaje y de enfoque que también se está reclamando en otros países de la región.
La reforma española, por su parte, incorpora medidas específicas para las personas con discapacidad, como la accesibilidad universal como derecho, la figura del facilitador procesal y el compromiso de elaborar una futura ley de profesiones de la intervención social. También introduce medidas de protección para mujeres y niñas con discapacidad y obliga a seguir evaluando el impacto de género de las políticas. Son avances que, junto con la reducción de la burocracia y la mejora de las condiciones laborales, apuntan a un cambio de orientación del sistema: más atención en el domicilio, mayor capacidad para combinar apoyos y un reconocimiento real de quienes cuidan.
Sin embargo, tanto en España como en México, buena parte de estas medidas necesitarán todavía desarrollo reglamentario y acuerdos entre administraciones para convertirse en derechos efectivos. La financiación sigue siendo la asignatura pendiente, y la distancia entre lo que dicen las leyes y lo que llega a las familias es todavía enorme. El camino hacia un sistema de cuidados que garantice la autonomía, la igualdad y la dignidad de las personas que cuidan y de las que son cuidadas es largo, pero las reformas recientes y la presión de la sociedad civil han conseguido ponerlo en el centro de la agenda política.
La consolidación de un sistema de cuidados universal y sostenible no es una utopía, pero exige voluntad política, inversión sostenida y un cambio cultural profundo. Las reformas aprobadas en España y las reivindicaciones de las organizaciones en México coinciden en un punto fundamental: los cuidados son un derecho, no un favor, y su organización no puede seguir recayendo sobre las espaldas de las mujeres. El reto ahora es traducir las leyes en realidades concretas, con presupuestos suficientes, servicios accesibles y condiciones laborales dignas para quienes sostienen la vida.