La llegada masiva de personas migrantes a Ceuta durante los últimos días ha puesto en el centro del debate la protección de los derechos de la infancia. Según la Plataforma de Infancia, alrededor de 7.000 niñas, niños y adolescentes han alcanzado territorio español en un contexto de crisis humanitaria que ha provocado incluso la pérdida de vidas durante el intento de cruce. La organización ha instado a las administraciones a situar el interés superior del menor en todas las actuaciones, recordando que la Convención sobre los Derechos del Niño obliga a proteger a cada menor independientemente de su origen o situación administrativa.
La situación ha desbordado los recursos de acogida de la ciudad autónoma. Antes de esta oleada, Ceuta tutelaba a 180 menores extranjeros no acompañados; ahora la cifra se ha disparado hasta los 800, y algunas estimaciones apuntan a que podrían llegar a 5.000 los niños y adolescentes sin referentes familiares. El Ministerio de Juventud e Infancia ha confirmado que desde el 29 de agosto la ciudad se encuentra en situación de contingencia migratoria extraordinaria, lo que activa el mecanismo de reparto solidario entre comunidades autónomas.
Una crisis humanitaria que exige protección inmediata
Las entidades de infancia, como la Plataforma de Infancia y la Fundación Raíces, han coincidido en que la respuesta debe priorizar la atención inmediata. El acceso a alimentación, alojamiento, atención sanitaria y apoyo psicosocial son necesidades básicas que deben cubrirse desde el primer momento, junto con la asistencia lingüística y la representación legal cuando sea necesaria. La Fundación Raíces ha subrayado que entre los llegados hay perfiles especialmente vulnerables, como bebés, niños de corta edad y madres con hijos pequeños, muchos de los cuales han recorrido rutas migratorias marcadas por la violencia.
La organización también ha alertado sobre el aumento de los discursos que criminalizan a la infancia migrante. Detrás de cada llegada hay niños y adolescentes que huyen de situaciones extremas y que cruzan fronteras peligrosas, en este caso a nado, con la esperanza de mejorar sus vidas. La protección de estos menores no es solo una obligación legal, sino también ética, y debe guiar la actuación de todos los poderes públicos.
Garantías legales y jurisprudencia del Tribunal Supremo
Uno de los puntos clave que han recordado las organizaciones es la ilegalidad de las devoluciones colectivas de menores. El Tribunal Supremo ya se pronunció en 2024 al condenar las repatriaciones realizadas durante la crisis de 2021, estableciendo que los procedimientos de rechazo en frontera y devolución no están previstos legalmente para niños y adolescentes. La sentencia del 30 de julio de 2026 ha vuelto a confirmar que un menor no acompañado no puede ser sometido a pruebas médicas de determinación de la edad si dispone de un pasaporte válido, salvo que existan razones justificadas para dudar de su autenticidad.
El procedimiento de determinación de la edad, que incluye radiografías de muñeca, dientes y clavícula, solo debe iniciarse cuando existan dudas reales y nunca de forma automática. Las organizaciones de infancia insisten en que debe primar la presunción de minoría de edad y que el joven tiene derecho a ser escuchado, contar con intérprete y asistencia letrada. Además, recuerdan que el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ha emitido varias resoluciones contra España por vulnerar estos derechos en casos anteriores.
Coordinación entre administraciones y distribución territorial
La saturación de los recursos en Ceuta ha hecho necesario activar el mecanismo de reparto de menores entre comunidades autónomas, previsto en el Real Decreto-ley 2/2025. El Ministerio de Juventud e Infancia trabaja para que el procedimiento de acogida vinculante y solidaria se produzca con la mayor celeridad posible hacia aquellas comunidades que se encuentran por debajo de su capacidad ordinaria de acogida, fijada en 16.016 plazas para todo el territorio nacional, de las cuales solo 27 corresponden a Ceuta.
La Fundación Raíces ha reclamado que todas las administraciones implicadas sitúen la protección de la infancia por encima del control fronterizo y que se garantice una evaluación individualizada de cada caso. La reunificación familiar solo debe realizarse cuando no exista riesgo para el menor y nunca mediante una simple entrega a las autoridades marroquíes. Asimismo, se solicita que todos los menores identificados sean inscritos en el Registro Central de Menores Extranjeros No Acompañados para asegurar su seguimiento y protección.
La crisis de Ceuta ha vuelto a evidenciar la necesidad de que las políticas migratorias respeten los derechos de la infancia, con procedimientos individualizados, protección especializada y soluciones duraderas que respondan al interés superior de cada niño y adolescente. La coordinación entre administraciones y el cumplimiento de la legalidad internacional son la única vía para garantizar que ningún menor quede desprotegido en un contexto de emergencia humanitaria.