Mientras en unas ciudades se ponen en marcha proyectos para que nadie se quede fuera de las fiestas patronales, en otras se denuncian situaciones que evidencian la brecha entre lo que dicen las leyes y lo que sucede en la calle. La mirada se centra también en el plano jurídico, donde jueces, fiscales y expertos intentan trasladar a la realidad los mandatos de la Convención de la ONU. Por debajo de todo ello, los datos estadísticos ponen de relieve las carencias persistentes en el sistema de cuidados a domicilio.
Valladolid apuesta por unas fiestas sin exclusiones
El Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado un convenio de colaboración con la Asociación de Ayuda a la Dependencia y Enfermedades Raras de Castilla y León que da luz verde al proyecto ‘Campus Ferial 2026 – Peña Ceda el Paso’. Se trata de una propuesta pensada para que los menores y jóvenes con discapacidad, gran dependencia o enfermedades raras tengan su propio espacio en la Feria y Fiestas de la ciudad, uno de los eventos de convivencia y participación ciudadana más significativos del año. El convenio busca eliminar las barreras que puedan dificultar la participación de este colectivo, proporcionando los apoyos necesarios y una programación específicamente adaptada.
El proyecto contempla un presupuesto de 6.000 euros con cargo a las arcas municipales y se desarrollará entre el 31 de agosto y el 3 de septiembre en diferentes espacios. La previsión es que participen alrededor de 150 niños, niñas y jóvenes con discapacidad física, sensorial, intelectual o del desarrollo. Las inscripciones para las actividades del 1 de septiembre deberán realizarse a través del correo electrónico de la Fundación Eusebio Sacristán, encargada de algunas de las propuestas.
El programa arranca el lunes 31 en la Cúpula del Milenio con la inauguración a cargo del alcalde, Jesús Julio Carnero, seguido de un pregón a cargo del genetista Juan José Tellerías. Ese mismo día habrá desfile de la Peña Ceda el Paso con música en directo, y juegos organizados por Las Cortas de Blas y la Fundación. El martes será el turno de los juegos cooperativos y una discoteca con animación; el miércoles la fiesta se traslada a la Fundación Eusebio Sacristán para actividades acuáticas y un singular encierro campestre con toros ecológicos; y el jueves, el broche final tendrá lugar en la Pérgola del Campo Grande con un concierto de Happening.
La jueza Natalia Velilla denuncia deficiencias en una playa accesible

Una jueza especializada en discapacidad, Natalia Velilla, ha llevado sus denuncias ante la Fiscalía General del Estado a causa del estado de la playa accesible de Muchavista, en El Campello (Alicante), donde suele acudir con su hija, una niña con un 91% de discapacidad por parálisis cerebral. Según su escrito, el pasado 15 de agosto tuvieron que sacarla del agua en brazos por la espera y por la deficiencia de las sillas disponibles. Asegura que solo funciona una de las dos sillas anfibias y que la otra, la única operativa, es inestable. La jueza sostiene que el baño y el ocio son necesarios para la calidad de vida y recuerda que la accesibilidad universal es un derecho humano amparado por la Constitución y la Convención de la ONU de 2006.
El asunto ha llegado también al Síndic de Greuges, el Defensor del Pueblo valenciano, gracias a la queja presentada por la plataforma CERMI CV, que agrupa a entidades como la ONCE y COCEMFE. Solicitan que se investigue la disponibilidad real, el mantenimiento y la seguridad de toda la cadena de accesibilidad de la playa de Muchavista durante toda la temporada de baño. Los padres de la menor esperan una respuesta a sus reclamaciones en un plazo de 72 horas antes de llevar el asunto a los juzgados.
San Sebastián, sede para el análisis de los derechos jurídicos
La ciudad de Donostia ha acogido un curso de verano de la Universidad del País Vasco bajo el título “Inclusión, derechos y apoyos de las personas con discapacidad”. Durante dos días, fiscales, magistrados, académicos y representantes de entidades sociales han revisado los avances y las asignaturas pendientes desde que Naciones Unidas aprobara la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el año 2006. El curso ha abordado las transformaciones legales que ha habido en España desde entonces, como la ley 8/2021 para apoyar el ejercicio de la capacidad jurídica o la ley 6/2022 de accesibilidad universal.
Entre los participantes más destacados estaba María José Segarra, fiscal de Sala de la Unidad de Discapacidad, o María Elósegui, jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Todos ellos han coincidido en que las normas ya existen, pero su aplicación todavía se encuentra con bastantes baches. El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Iñaki Subijana, explicó que la justicia debe apostar por un diseño universal y por jueces que actúen con un modelo social, anticipándose a las necesidades de las personas con discapacidad. “Cambiar las leyes no es suficiente”, reconocía por su parte la fiscal superior del País Vasco, Carmen Adán, “porque los derechos solo son efectivos cuando se notan en el día a día”.
Los datos también dejan a las claras dónde hay que mejorar. Según la Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia (EDAD 2020), en Navarra hay unas 48.840 personas con discapacidad, y solo el 49% recibe cuidados en su domicilio. Entre las 11.180 personas que además tienen el grado de dependencia reconocido, ese porcentaje sube hasta el 83%. Las cifras son similares a la media estatal en cuanto a perfil de edad y tipo de ayuda, pero el de Navarra se queda atrás con un cuidado informal menor, señalando que el sistema público asume más horas que en otras comunidades. Este ejemplo puede ilustrar una realidad generalizada: las plazas y los servicios aún no llegan a todos los que los necesitan, y cuando lo hacen, a menudo es demasiado tarde o con escasos recursos.

Con un 26% de la población española con algún tipo de discapacidad y con los ojos puestos en un futuro inmediato, la clave parece estar en los apoyos. Las iniciativas sociales, las inversiones públicas y la sensibilización son los tres pilares que el verano de 2026 ha mostrado sobre la mesa, aunque sea a base de reivindicaciones y casos que demuestran que la igualdad no puede esperar más.
