Dos expedientes recientes han puesto el foco en madres imputadas por negligencia tras dejar menores solos en diferentes municipios de Puerto Rico, con relatos de viviendas en malas condiciones y ausencia de supervisión adulta. Las autoridades detallan fianzas elevadas y vistas ya señaladas para los próximos días.
El debate público se ha reactivado por el repunte de situaciones de desamparo. El Lcdo. Ángel Rivera González analiza el aumento de casos de maltrato infantil y apunta a la vulnerabilidad de ciertos núcleos, entre ellos familias monoparentales, como uno de los factores que pueden agravar el problema.
Caso de Salinas: cinco menores hallados solos en Bella Vista
En Salinas, la Fiscalía de Guayama radicó cargos por negligencia agravada contra Deborah I. Solivan López (31) y Cid Marie Solivan López (38), hermanas, tras la intervención policial en un apartamento del complejo de vivienda Bella Vista. Según la pesquisa, cinco menores de entre 4 y 8 años quedaron sin supervisión en la madrugada del 25 de octubre.
La denuncia que llegó al cuartel de la Policía de Puerto Rico en Salinas activó el despliegue de agentes, quienes encontraron a los niños solos y en un entorno con olores fuertes, presencia de cucarachas, suciedad y comida en mal estado. De acuerdo con la investigación, una de las imputadas es madre de cuatro menores y la otra de uno.
Los señalamientos se presentaron por violación al artículo 54(a) de la Ley 57-2023 para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores. La fiscal Paloma I. R. Crespo Santiago, de la Unidad de Violencia Doméstica, Maltrato a Menores y Delitos Sexuales, llevó el caso ante el Tribunal de Primera Instancia de Guayama.
La jueza Valerie Telles apreció causa en todos los cargos e impuso a las imputadas una fianza global de 50.000 dólares. La vista preliminar quedó citada para el 3 de noviembre de 2025. En la investigación participó la agente Jocelyn Ramos de la División de Delitos Sexuales.
Otro expediente en San Juan: tres hermanos sin supervisión en Brisas de Cupey
En un caso aparte, la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig, confirmó que desde 2019 se atendían referidos sobre un núcleo familiar del residencial Brisas de Cupey, en San Juan. La madre, identificada como Dallysha Marcano Carrión (27), fue imputada por negligencia tras supuestamente dejar solos a tres menores de 6, 8 y 9 años.
La intervención ocurrió la noche del 22 de octubre de 2025, después de que vecinos alertaran a las autoridades. Al llegar, los agentes hallaron a los niños sin alimentos, sin supervisión adulta y en condiciones infrahumanas. Los tres fueron diagnosticados con anemia y, según se informó, se dispuso su permanencia bajo la custodia de sus progenitores.
En este caso, el Departamento de Justicia presentó cargos amparados en el artículo 53 de la Ley 57 (Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores) por negligencia y condiciones insalubres en la vivienda. A la imputada se le impuso una fianza de 100.000 dólares, que no pudo prestar, por lo que fue ingresada en la Institución Correccional de Bayamón.
De acuerdo con la pesquisa, la madre trabajaba en un club nocturno entre las 21:00 y las 4:00, lo que habría derivado en periodos en que los menores quedaban solos de forma habitual. La vista preliminar fue pautada para el 5 de noviembre de 2025, mientras que la Secretaría de la Familia ordenó una investigación administrativa interna para revisar los procedimientos seguidos desde 2019 y el intercambio de alertas con los centros escolares.
Marco legal, actuación institucional y alerta social
Ambas causas se encuadran en la Ley 57-2023 para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores, con artículos distintos según la conducta investigada: 54(a) en Salinas y 53 en San Juan. El trabajo coordinado de Fiscalía, Policía y el Departamento de la Familia ha sido determinante para activar medidas cautelares y calendarizar las vistas.
La situación ha reavivado la conversación sobre prevención, detección temprana y apoyo a familias vulnerables. Voces profesionales, como la del Lcdo. Ángel Rivera González, advierten de un aumento de casos de maltrato infantil y subrayan el impacto que pueden tener la monoparentalidad, la precariedad y la falta de redes de apoyo a la hora de garantizar cuidados adecuados.
En los dos expedientes destacaron avisos vecinales y escolares, condiciones domésticas muy deterioradas y medidas judiciales rápidas (fianzas y señalamientos) que ponen en primer plano la protección de la infancia como prioridad operativa de las autoridades.
El panorama que dibujan estos expedientes ilustra cómo la alerta comunitaria, la intervención policial y la respuesta judicial confluyen cuando niños quedan presuntamente sin cuidados básicos, a la vez que se refuerza el debate público sobre qué apoyos y controles deben reforzarse para que situaciones así no se repitan.
