La medicina legal aplicada a menores se ha vuelto un pilar imprescindible en la protección de la infancia, sobre todo cuando entran en juego la violencia de género, la violencia doméstica y el abuso sexual infantil. No hablamos solo de pruebas médicas o informes fríos: detrás de cada valoración forense hay un niño o una niña con miedo, con dudas y con una realidad muy distinta a la del adulto, que obliga a cambiar el chip en la forma de investigar y de intervenir.
En los últimos años, el Defensor del Pueblo, el Ministerio de Justicia, los Institutos de Medicina Legal (IML) y las Unidades de Valoración Forense Integral (UVFI), así como sociedades científicas y autores de referencia en medicina forense, han señalado la necesidad urgente de especializar la atención a menores, crear unidades específicas, mejorar la formación de los profesionales y adaptar protocolos. Todo ello, sin perder de vista el interés superior del menor y evitando errores periciales que pueden destrozar vidas.
Marco institucional: IML, UVFI y menores en el sistema de justicia
En España, las Unidades de Valoración Forense Integral se crearon para ofrecer a los juzgados una asistencia técnica especializada, sobre todo en materia de violencia de género. Estas unidades están integradas, en general, por médicos forenses, psicólogos y trabajadores sociales, y valoran tanto a las mujeres víctimas como a sus hijos menores y, cuando el juez lo solicita, también a los agresores. Sin embargo, la regulación actual no diferencia entre UVFI para adultos y para menores, pese a que sus necesidades no tienen nada que ver.
La Secretaría General de Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia reconoce que el personal de las UVFI recibe una formación inicial en violencia de género y que se impulsa la formación continuada en familia, menores, discapacidad y violencia de género y doméstica. El enfoque oficial es la igualdad entre hombres y mujeres, pero en la práctica, la especialización real en infancia suele ser limitada y bastante desigual según el territorio.
Los menores que viven violencia de género o doméstica son un colectivo especialmente vulnerable y requieren una atención distinta a la de los adultos. El Defensor del Pueblo insiste en que los niños deben colocarse en el centro de la acción pública: no como “añadidos” a la víctima adulta, sino como víctimas con entidad propia, con derecho a una atención forense adaptada a su edad, a su desarrollo y a su contexto familiar.
En la práctica, la activación de la intervención forense solo se produce cuando el juez pide expresamente una valoración del menor. Esto choca con la realidad de muchos procesos de familia (custodia, modificación de medidas, régimen de visitas), en los que el peligro para el niño o la niña se detecta tarde, en plena disputa judicial entre progenitores, y sin una estructura forense específicamente pensada para ellos.
Además, los IML y las UVFI suelen trabajar en sedes judiciales poco amigables para un niño: entornos fríos, con despachos y salas pensados para adultos, con poco juego, poca intimidad y un ambiente que puede aumentar la ansiedad. La propia experiencia de acudir al forense puede convertirse en un factor más de estrés si no se gestiona con sumo cuidado.
Necesidad de especialización y creación de unidades forenses de menores
Una de las grandes críticas que se hace al modelo actual es que las UVFI están formadas por equipos generalistas, rara vez especializados en menores. Y sin embargo, la infancia es una etapa con una dependencia radical de los progenitores, una madurez intelectual y emocional en desarrollo y una forma de vivir la violencia completamente distinta a la del adulto.
En medicina clínica, casi todas las especialidades tienen su vertiente pediátrica; en cambio, la medicina forense infantil sigue infradesarrollada. Se propone incorporar pediatras con formación en psiquiatría infantil y salud mental infanto-juvenil a los equipos forenses, junto con psicólogos infantiles, educadores y trabajadores sociales especializados en infancia y adolescencia.
Los instrumentos de evaluación que sirven para adultos no se pueden trasladar sin más a los menores. Los niños que conviven con la violencia tienden a normalizar las agresiones: muchas veces no tienen un punto de comparación, no saben poner nombre a lo que les pasa y han aprendido que la violencia es la forma habitual de gestionar los conflictos en casa. Esto no solo condiciona su relato, sino también los síntomas físicos y emocionales que presentan.
En este contexto, el Defensor del Pueblo ha formulado recomendaciones muy claras: incorporar especialistas en menores (médicos forenses, psicólogos, trabajadores sociales) en todos los IML, crear unidades de valoración integral forense de menores de manera estable y permitir que las comunidades autónomas con competencias en justicia puedan organizar también estas unidades en su ámbito.
Además, se reclama que los grupos de trabajo que están revisando la carta de servicios de las UVFI, su código ético y los protocolos de coordinación con las oficinas de atención a víctimas, propongan cambios organizativos, reformas normativas y medidas de formación, docencia e investigación para hacer posible esa especialización real en infancia.
Violencia de género, violencia vicaria y valoración del riesgo en menores
Cuando hablamos de violencia de género, los hijos suelen quedar en un segundo plano, a pesar de que la violencia vicaria (dañar a los hijos para hacer daño a la madre) ha demostrado ser una de las formas más extremas de maltrato. Los datos del Observatorio del Consejo General del Poder Judicial (2019-2021) muestran que muchas agresiones a los hijos se producen tras la ruptura, cuando ya existe separación o divorcio y se ha fijado un régimen de visitas.
Es llamativo que muchas de estas agresiones ocurran justamente cuando la mujer comienza a reconstruir su vida: nueva pareja, cierta estabilidad laboral, mayor autonomía… y el agresor utiliza a los hijos como instrumento de control y castigo, a veces con independencia del maltrato directo contra ella.
De ahí surge la propuesta de crear un sistema específico de valoración forense del riesgo para niños y niñas, independiente pero complementario al de la madre. No basta con valorar el riesgo de la mujer víctima: el menor tiene dinámicas propias, contacto directo o indirecto con el agresor y una posición procesal diferente que hay que contemplar de forma autónoma.
Este sistema de valoración debería permitir que todos los profesionales que están en contacto habitual con los menores -educadores, psicólogos, personal de puntos de encuentro familiar, pediatras, profesionales de servicios sociales y, por supuesto, equipos de las UVFI e IML- pudieran emitir informes de alerta de riesgo cuando detecten conductas o signos compatibles con cualquier forma de violencia.
Esos informes tendrían que ser tenidos en cuenta por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la Fiscalía y los juzgados, de modo que se puedan dictar medidas de protección sobre el menor incluso cuando la situación de la madre parezca, en apariencia, más estabilizada. Para que esto funcione, hacen falta instrumentos de cribado adaptados a la infancia y una formación específica sobre violencia de género infantil para los profesionales de los IML.
Coordinación entre Medicina Legal, VioGén y otros recursos
La detección temprana del riesgo y la adopción de medidas judiciales de protección eficaces dependen en gran parte de cómo trabajen juntos los IML, las UVFI y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad integradas en el Sistema VioGén. La coordinación, sin embargo, no siempre es fluida, y a menudo se producen solapamientos, vacíos de información o retrasos en las valoraciones.
Se propone reforzar esta coordinación para que la valoración forense de los menores se integre de manera efectiva en el circuito de protección, evitando que las decisiones se basen solo en informes clínicos aislados o en relatos fragmentados. Una valoración multidisciplinar, que incluya a médicos, psicólogos y trabajadores sociales especializados en infancia, es clave para evitar decisiones poco ajustadas a la realidad.
También se insiste en que hay que tomarse muy en serio el derecho del menor a ser escuchado. Sus declaraciones deben valorarse adecuadamente a la hora de decidir si procede o no una exploración forense, y deben tener peso en la posición del Ministerio Fiscal cuando se pide una pericial. No es raro que las primeras señales de alarma aparezcan en procesos de familia, y que los menores necesiten un buen informe pericial para defender su propio interés frente a peticiones de custodia o visitas de alguno de los progenitores.
En estos escenarios, la función de los IML y de las UVFI no es solo describir lesiones, sino valorar consecuencias médico-psicológicas, impacto de la exposición a la violencia, peligrosidad objetiva y riesgo de reincidencia del agresor. Y todo ello, sin olvidar que trabajar con niños en sedes forenses poco adaptadas incrementa el riesgo de revictimización.
De fondo, late una idea que cada vez genera más consenso: sin equipos forenses bien coordinados con el resto del sistema, con canales claros de comunicación y protocolos definidos, cualquier avance normativo en protección de menores se queda cojo.
Abuso sexual infantil: definición y particularidades médico-legales
Según la Organización Mundial de la Salud, el abuso sexual infantil implica la participación de un niño o una niña en actividades sexuales que no comprende, para las que no está preparado o que infringen leyes y tabúes sociales, y en las que no puede dar un consentimiento válido. Puede darse entre un adulto y un menor, o entre dos menores cuando uno de ellos tiene una posición de poder, responsabilidad o superioridad de desarrollo.
En algunas legislaciones, el abuso sexual se configura como un tipo penal autónomo, y para la persecución criminal y la investigación forense hay que remitirse a la definición legal vigente. En cualquier caso, el diagnóstico forense del abuso sexual infantil es complejo: un error pericial, tanto por omisión (no ver un abuso real) como por exceso (diagnosticarlo donde no existe), tiene consecuencias demoledoras para el niño y para la familia.
El abuso sexual infantil presenta rasgos que lo diferencian claramente de las agresiones sexuales a adultos. La mayoría de los casos son intradomiciliarios o cometidos por personas muy cercanas, con un porcentaje nada despreciable de situaciones incestuosas. Y, sobre todo en menores de 6 años, muchas agresiones no conllevan una penetración peneana real, lo que condiciona de forma radical los hallazgos físicos esperables.
Por todo ello, los criterios diagnósticos utilizados en adultos no se pueden aplicar mecánicamente a los niños. Hacerlo lleva a que multitud de abusos pasen desapercibidos (por ejemplo, ante un examen genital normal) y, a la vez, a inflar diagnósticos por interpretar mal lesiones banales o traumáticas de origen accidental. En este terreno aparece el concepto de “abuso pericial”: el daño iatrogénico provocado por una valoración forense incorrecta.
La literatura científico-forense reciente insiste en que la mayoría de los casos de abuso sexual infantil encajan en dos grandes patrones de presentación en función de la edad: uno típico de menores de 6 años (con hallazgos físicos mínimos o ausentes, abuso más sutil, intrafamiliar) y otro en escolares mayores y adolescentes, cuyas manifestaciones se van pareciendo progresivamente a las de las víctimas adultas.
Signos y síntomas con alta especificidad diagnóstica
En la práctica forense, encontrar signos altamente específicos de abuso sexual en niños es poco habitual, precisamente por las características de la mayoría de los abusos. Sin embargo, cuando aparecen, tienen un peso probatorio muy relevante y pueden acercar o asegurar el diagnóstico.
Uno de los signos más específicos es la gestación en una menor por debajo de la edad mínima para consentir legalmente el coito. En estos casos, salvo circunstancias médicas extremadamente excepcionales, la sospecha de abuso sexual es prácticamente incontrovertible desde el punto de vista médico-legal.
Las infecciones de transmisión sexual (ITS) son un capítulo delicado. Aunque clásicamente se asumía que la detección de sífilis, Neisseria gonorrhoeae o Chlamydia trachomatis en un niño, fuera del periodo perinatal, implicaba transmisión sexual, hoy sabemos que hay posibilidades (aunque menos frecuentes) de contagio no sexual: objetos contaminados, contacto con otras mucosas, condiciones de hacinamiento, higiene deficiente, colecho y uso compartido de toallas, baños o cepillos de dientes.
Por tanto, la presencia de una ITS obliga a investigar con lupa la vía de transmisión en cada caso concreto, pero no permite, por sí sola, cerrar el diagnóstico de abuso. Y, al mismo tiempo, hay que tener claro que la ausencia de ITS no excluye en absoluto el abuso sexual, ya que la mayoría de víctimas no presentan infecciones de este tipo.
En el terreno de las lesiones anogenitales, los llamados signos genitales relevantes (compatibles con penetración o con maniobras sexuales agresivas) son poco frecuentes, pero cuando se observan su especificidad es muy alta. Aquí el problema no es tanto la rareza de los signos como la cantidad de diagnósticos erróneos basados en la mala interpretación de hallazgos sin relación con el abuso.
Exploración genital en niñas y niños: límites y errores frecuentes
En niñas pequeñas, una penetración vaginal real suele provocar lesiones muy graves (desgarros extensos, estallidos vaginales, cuadros agudos que requieren cirugía urgente, ingreso en UCI e incluso pueden ser mortales). En niñas mayores de 6 años y cercanas a la pubertad, los signos se aproximan más a los de la mujer adulta, pero aun así pueden ser mínimos o inexistentes.
La colposcopia ha demostrado utilidad en mujeres postpuberales víctimas de agresión sexual, pero su valor en niñas prepuberales es mucho más discutido. Aunque permite documentar imágenes y facilitar segundas opiniones sin repetir exploraciones, los estudios muestran un grado de acuerdo entre expertos bastante limitado, especialmente en niñas pequeñas con bajo grado de maduración sexual. Esto ha llevado a desaconsejar su empleo como herramienta pericial principal en sospecha de abuso sexual infantil.
Un error muy repetido es sobredimensionar la importancia del examen genital en niñas, extrapolando criterios válidos para adultas. Un examen genital normal no descarta abuso, y una interpretación inexperta puede confundir lesiones accidentales o variantes anatómicas normales con signos de agresión sexual.
En relación con el himen, los desgarros himeneales apuntan a un traumatismo local y se consideran hallazgos relevantes, siempre que se distingan bien de escotaduras congénitas, que son variantes anatómicas muy frecuentes. A cualquier edad, la integridad del himen (salvo en casos de himen complaciente) descarta coito vaginal, pero no otros tipos de abuso sin penetración, que son precisamente los más habituales en la infancia.
Medir el diámetro del orificio himeneal para intentar deducir si ha habido o no abuso es una práctica muy desaconsejada: el tamaño varía según la posición de la niña, su relajación, la técnica del explorador y otros factores. Basar un dictamen en esa medida -a favor o en contra del diagnóstico- es una fuente clara de errores periciales.
Otro aspecto complejo es la datación de los desgarros himeneales. Los estudios muestran gran variabilidad en los tiempos de cicatrización según la anatomía de la membrana, la magnitud de la lesión o la respuesta inflamatoria de cada niña. Por eso, cualquier afirmación categórica sobre la antigüedad exacta de una lesión debe hacerse con extrema prudencia.
Lesiones anales y su interpretación en menores
En la región anal ocurre algo parecido a lo genital: la mayoría de abusos no dejan lesiones objetivables, especialmente en niños pequeños. Además, existen múltiples lesiones anales y rectales de origen no abusivo (fisuras por estreñimiento, infecciones, prolapso, variantes anatómicas) que pueden confundirse con signos de abuso si se interpretan fuera de contexto.
La coloproctoscopia o rectoscopia no se utiliza de forma rutinaria en la evaluación de sospecha de abuso, sino más bien para documentar la severidad en lesiones ya diagnosticadas. Como en el caso genital, también aquí la prudencia es obligatoria: ni toda lesión anal implica abuso ni toda penetración deja marcas duraderas.
Variantes como el “ano entreabierto” en la exploración pediátrica o el llamado “ano en embudo” pueden aparecer en niños sin ningún antecedente de abuso y, tomados de forma aislada, no tienen valor diagnóstico. Solo en combinación con otros signos (equimosis perianal, desgarros, borramiento de pliegues, disfunción esfinteriana) y con un relato creíble del menor pueden orientar hacia una penetración anorrectal.
En necropsias de menores, los hallazgos perianales son todavía más delicados de interpretar: un porcentaje muy alto de cadáveres infantiles presenta dilatación anal sin relación con abuso alguno, y otros signos como ensuciamiento fecal o cambios de coloración perineal también pueden inducir a errores si no se valoran en su contexto forense global.
El desgarro anal típico descrito en la literatura es el signo de Wilson Johnston, un desgarro triangular con base en el margen anal a las seis en punto (en posición genupectoral) y vértice hacia el interior. Aun así, estudios recientes señalan que ni siquiera este hallazgo es patognomónico, por lo que su presencia obliga a una interpretación contextualizada, teniendo en cuenta clínica, relato y otros elementos de la causa.
En suma, ni la incontinencia fecal aislada ni el prolapso rectal ni muchas otras lesiones anales frecuentes en pediatría deben considerarse por sí solas como prueba de abuso sexual, aunque en contextos de sospecha pueden contribuir a elevar el índice de alerta.
El relato del menor: valor probatorio y riesgos de distorsión
El testimonio del niño o la niña es uno de los elementos más valiosos en la valoración de un posible abuso sexual, pero también uno de los más frágiles. La alegación espontánea -es decir, el relato que surge sin que nadie pregunte directamente por una agresión- es poco frecuente, sobre todo en abusos intrafamiliares, donde pesan el miedo, la vergüenza, la culpa y la lealtad al agresor o al propio sistema familiar.
Durante años se ha debatido si los niños son “demasiado sugestionables” como para considerar fiable su palabra. La evidencia actual indica que el menor no es más sugestionable que el adulto, aunque sí suele ser más complaciente con las figuras de autoridad. Lo determinante no es la edad en sí, sino las condiciones de la entrevista, el tipo de preguntas y la actitud del entrevistador.
Un relato infantil puede ser tanto auténtico como fiable. La autenticidad hace referencia a la expresión genuina de su mundo interno (lo que verdaderamente cree que ha ocurrido), mientras que la fiabilidad se vincula a la capacidad de que su testimonio refleje con precisión una realidad externa. Entrevistar a un menor de forma adecuada permite valorar ambas dimensiones.
Entre los factores que deterioran la confiabilidad del testimonio destacan la repetición excesiva de interrogatorios, las malas técnicas de entrevista (preguntas sugerentes o cerradas, lenguaje no verbal que induce respuesta, etc.), la inducción consciente por parte de adultos con intereses (conflictos de custodia, venganzas) o la influencia del propio entrevistador cuando no mantiene una posición neutral.
Las falsas alegaciones existen, pero la mayoría se debe a interpretaciones erróneas de conductas o síntomas del niño realizadas por adultos con fuertes miedos, prejuicios o conflictos. También pueden aparecer fabulaciones o confusiones entre fantasía y realidad en determinados cuadros psicopatológicos, así como situaciones de “folie a deux” o trastornos facticios impuestos por los cuidadores.
Entrevista forense y herramientas de evaluación psicológica
La entrevista a un menor presunta víctima de abuso sexual debe ser realizada por personal formado en desarrollo infantil, psicología y técnicas forenses. La mayoría de expertos desaconseja interrogar a menores de tres años con métodos estándar, aunque existen procedimientos específicos -muy técnicos- para valorar a lactantes y niños muy pequeños cuando es imprescindible.
Respecto a la presencia de cuidadores durante la entrevista, algunos protocolos recomiendan que solo estén el niño y el entrevistador, para minimizar la influencia de terceros. Sin embargo, si la separación provoca una angustia intensa, puede ser contraproducente. En esos casos, se admite la presencia de un adulto de referencia, dejando constancia del posible sesgo que ello introduce.
Herramientas de apoyo como los dibujos o determinados muñecos simples pueden resultar útiles siempre que los profesionales que los utilizan tengan formación específica para su uso e interpretación. Por el contrario, el empleo de muñecos anatómicamente detallados se ha ido desaconsejando, ya que genera sesgos y comportamientos difíciles de interpretar, sin aportar fiabilidad adicional.
La cámara Gesell es un recurso muy recomendable en el ámbito judicial y pericial: permite observar y grabar la entrevista desde una sala contigua, evita interrogatorios múltiples por distintos profesionales y facilita el análisis posterior de la información sin volver a exponer al menor.
La videograbación o audiograbación de la entrevista también es una herramienta útil, siempre que el perito pueda controlar el procedimiento de obtención de la prueba. No es aceptable emitir un dictamen basándose únicamente en vídeos o audios generados por terceros sin haber valorado el contexto y la técnica empleada.
Cuando se realiza correctamente, la entrevista forense permite valorar la verosimilitud y consistencia del relato, las características del lenguaje infantil, la presencia o ausencia de detalles sensoriales coherentes con la edad y, sobre todo, la existencia de elementos que apuntan a un relato aprendido o inducido.
Manifestaciones físicas y psicológicas de baja especificidad
El abuso sexual infantil puede producir un amplio abanico de síntomas físicos y psicológicos, muchos de los cuales son muy frecuentes en pediatría y, por sí solos, no permiten establecer un diagnóstico. Sin embargo, cuando aparecen en contextos de sospecha y no se explican por otros factores, deben hacer saltar las alarmas.
En el plano físico, destacan cuadros como el dolor abdominal recurrente, cefaleas de repetición, enuresis secundaria o encopresis secundaria. Son motivos de consulta muy habituales que pueden corresponder a múltiples causas, pero que, en ausencia de explicación orgánica clara y en un contexto de posible violencia, adquieren otro significado.
En el terreno psicológico, casi todas las víctimas presentan algún tipo de malestar emocional o alteración conductual, aunque la expresión clínica en la infancia es muy variable y, en un 21-49% de los casos, pueden ser aparentemente asintomáticos en esa etapa. A menudo, el impacto traumático aflora con fuerza más adelante: en la adolescencia, al inicio de la vida sexual o en la maternidad/paternidad.
Uno de los signos conductuales de mayor peso, aunque también inespecífico, es la sexualización inadecuada para la edad: juegos o conductas claramente sexuales, uso de besos con lengua, tocamientos insistentes, masturbación compulsiva, movimientos pélvicos rítmicos, etc. Para considerarlos realmente problemáticos, deben cumplir ciertos criterios: aparición muy precoz, alta frecuencia, interferencia con el desarrollo normal, uso de coacción con otros menores, asociación a otros trastornos psicológicos o repetición a escondidas.
Otros indicadores frecuentes son los cambios en el rendimiento escolar, el retraso o regresión en hitos del desarrollo, la pseudomadurez en niñas con abuso incestuoso, los trastornos del estado de ánimo (ansiedad, depresión), conductas autoagresivas y heteroagresivas, irritabilidad intensa, baja autoestima y problemas de sueño (pesadillas, terrores nocturnos). Ninguno de ellos, aislado, demuestra un abuso, pero en contexto pueden orientar claramente la investigación.
Todo este entramado de signos poco específicos obliga al perito a mantener un equilibrio muy fino entre sospecha y prudencia: ni banalizar señales preocupantes, ni etiquetar como abuso situaciones que responden a otros conflictos o patologías.
En definitiva, la medicina legal aplicada a menores exige un cambio de mirada: pasar de un modelo centrado en la lesión física visible y en criterios adultos a un enfoque integral, especializado y coordinado, que integre relato, contexto, hallazgos médicos, psicología del desarrollo y protección efectiva frente a la violencia, sin sumar más daño al que el menor ya ha sufrido.
