¿Qué me diríais si os cuento que en nuestro país a una madre la han obligado a separarse de su bebé de tan solo 15 meses vulnerando los derechos de una y otro, pero sobre todo del pequeño que aún necesita los brazos y la leche de su mamá? ¿Qué me diríais si continúo contando y aclaro que Nerea (la mamá) ha ingresado en prisión? Estoy hablando de una persona que en su día fue víctima de violencia de género, pero ahora cumple dos condenas por agresión a su expareja y quebrantar una orden de alejamiento.
Antes de continuar, os diré que he leído algunos de los comentarios que esta noticia ha motivado y me he quedado perpleja: “si está en la cárcel es que algo malo habrá hecho”, “el bebé tendrá alguien que lo cuide, ¿no?”. Desgraciadamente nuestra sociedad ha configurado una percepción hacia las injusticias de manera que nos afectan si están muy lejos o si alguien de nuestro entorno está sufriendo; por eso nos volvemos hipócritas e insensibles (por no hablar de la tolerancia hacia delitos de corrupción y lo contrario en caso de delitos menores). Pero si analizas el caso de Nerea te das cuenta de que es cierto que la Justicia es ciega, en el supuesto de que exista.
No quiero dejar pasar la ocasión para mostrar mi apoyo a esta madre: Nerea tiene un hijo de 15 meses, fruto de la relación con su actual pareja, tiene también un niño de 13 años: si me lees y tienes adolescentes en casa, sabes perfectamente que en la adolescencia temprana es justo cuando los chicos y las chicas vuelven a necesitar muchísimo a sus progenitores, pero esto lo dejo aquí. Pero ahora no puede ver a su familia, excepto cuando se le conceda un vis a vis.
Nerea: condenada a separarse de su bebé
Si eres mujer víctima de violencia de género sales en los periódicos: bien porque te han dado una paliza (o aún peor), bien porque no te da la gana resignarte, y plantas cara a la adversidad, Nerea pertenece al segundo grupo. Ya hace años que le fue impuesta (a ella y a su expareja) una orden de alejamiento: era una relación tóxica salpicada de malos tratos. Nuestra protagonista se equivocó, pero el caso es que hay matices no demasiado sutiles que no se nos pueden pasar por alto: una discusión fortuita y violenta al encontrarse ambos por la calle acabó en condena, la primera de las dos que cumple.
En aquel episodio, tanto ella como su expareja fueron condenados a una pena de prisión por quebrantar la orden de alejamiento. Es importante entender que esta condena no surge de una conducta continuada de violencia hacia terceros, sino del contexto de una relación previa plagada de malos tratos, dependencia emocional y decisiones poco acertadas en una situación límite. Nerea no es una delincuente peligrosa, sino una mujer que arrastra una historia de violencia y que, pese a ello, había conseguido rehacer su vida.
Curiosamente la violencia que en el pasado sufrió, no fue considerada legalmente como “de género”, sino familiar
Durante el tiempo transcurrido, Nerea tuvo que recurrir a terapia psicológica porque hay relaciones que aunque hagan daño provocan una cierta dependencia emocional, también realizó trabajos comunitarios. Con el paso del tiempo formó una nueva familia apoyada por la seguridad que ha sido capaz de ofrecerle su actual compañero.
Y aquí no se trata de inspirar lástima, se trata de Justicia (con mayúsculas) y de que no se están articulando las medidas que habrían permitido que madre e hijo permanecieran juntos durante el tiempo que dura la condena. Porque esos 17 meses de privación de libertad que cumplirá Nerea, para un niño tan pequeño son una eternidad, y además, no hay forma de que entienda el motivo ni manera de que racionalice la situación. Con lo que hoy en día sabemos acerca del desarrollo infantil, y las consecuencias de la separación de la madre, está más que justificada la necesidad de que permanezcan juntos.
Nerea González ingresó en prisión de Villanubla, y os preguntaréis “¿pero es que no pueden estar los niños menores de 3 años con las madres presas?”; efectivamente: el Reglamento Penitenciario establece tal derecho, lo que ocurre es que la cárcel en dónde está cumpliendo condena no dispone de módulo habilitado. Es decir que estamos asistiendo (y he de decir que con cierta impasibilidad, a excepción de los colectivos y expresiones de apoyo en RRSS y blogosfera) a una transgresión no solo de derechos individuales, sino de la propia norma.
La penitenciaría más cercana que contaba con un módulo de maternidad fue cerrada debido a los recortes, de modo que la administración penitenciaria propuso como alternativa el traslado de Nerea a otros centros situados en ciudades lejanas. Sin embargo, esta opción suponía alejarla definitivamente de su otro hijo mayor y de su red familiar, que no podría asumir con facilidad desplazamientos continuos a cientos de kilómetros. Así, la solución aparentemente “técnica” terminaba generando una nueva vulneración de derechos para toda la familia.
Un bebé sin derechos
En la petición pública presentada por Mónica F. en Avaaz, se denuncia que en el caso que nos ocupa, esta madre y este bebé no están beneficiándose de unos derechos que los poderes públicos deberían asegurar para “garantizar el desarrollo psicoafectivo del menor”, sin contar con la ‘condena’ de la propia separación, y que se ha interrumpido la lactancia. Lactancia que, en sí misma, es un derecho reconocido de los bebés, quienes (idealmente) deberán recibir como mínimo hasta los 24 meses, combinada con alimentación complementaria; pero es que además aporta otros beneficios más allá de la alimentación, como el mantenimiento del vínculo, o cubrir ciertas necesidades afectivas.
Según el artículo 38 del Reglamento Penitenciario, las madres internas tienen derecho a estar con sus hijos menores de tres años en módulos específicos de maternidad, siempre que se garantice el interés superior del menor. En el caso de Nerea, este derecho se ha vaciado de contenido porque la prisión de Villanubla carece de ese módulo y el cierre por recortes del centro cercano que sí lo tenía impide una solución razonable. La respuesta institucional no ha sido crear alternativas, sino ofrecer un traslado a prisiones lejanas que romperían aún más el entramado familiar.
La situación resulta todavía más chocante si se tiene en cuenta que, según sus allegados, a Nerea se le llegó a ofrecer una medicación para cortar la leche, insistiendo en que no podía tener consigo al bebé en el centro actual. Ella, comprometida con la lactancia y el derecho de su hijo a seguir mamando, ha intentado mantener la producción de leche dentro de la cárcel, sacándose diariamente y soportando el dolor emocional añadido de saber que esa leche no llega a los labios de su hijo.
Varios colectivos de apoyo, profesionales del derecho y entidades de acompañamiento a víctimas de malos tratos coinciden en que estamos ante una vulneración clara del derecho del bebé a estar con su madre, recogido tanto en la normativa penitenciaria como en la Convención sobre los Derechos del Niño. No solo se separa al bebé de su figura de apego principal, sino que se le priva de la leche materna y del entorno afectivo que necesita para un desarrollo sano, todo ello sin que la madre represente un peligro social real.
Mónica Felipe, licenciada en Derecho y experta en género y salud, ha descrito esta realidad como “una situación profundamente injusta y cruel”, en la que se incumple la ley y se impone de facto una triple pena: privar a Nerea de libertad, privarla de ejercer como madre de un bebé lactante y privar al propio bebé de la presencia materna. Desde esta perspectiva, la condena desborda el ámbito penal y se convierte en una forma de maltrato institucional hacia la infancia.
Violencia, prisión y maternidad: cuando el sistema falla a los niños
El caso de Nerea no es un hecho aislado, sino el reflejo de un sistema judicial y penitenciario que, en demasiadas ocasiones, no pone en el centro el interés superior de los menores. Organismos internacionales como la Quaker United Nations Office han denunciado que los regímenes penitenciarios están diseñados principalmente para hombres y no atienden adecuadamente las necesidades y derechos de las mujeres, especialmente cuando son madres.
En sus informes se subraya que la mayoría de las mujeres encarceladas son madres y que, cuando una madre entra en prisión, pueden vulnerarse también los derechos de sus hijos. Se plantean cuestiones fundamentales que suelen pasarse por alto: hasta qué punto se tienen en cuenta los derechos de los niños al dictar sentencia, cómo se decide si los bebés deben acompañar o no a su madre en la cárcel, qué impacto tiene la prisión en la vida del menor o qué alternativas sin privación de libertad podrían evitar estas rupturas afectivas tan traumáticas.
El Comité de los Derechos del Niño, que vela por el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, ha insistido en que al dictar sentencias y decidir sobre la detención de la persona cuidadora principal deben valorarse de forma rigurosa las consecuencias para los hijos. Se recomienda que profesionales competentes evalúen, caso por caso, el interés superior del niño y que se prioricen medidas alternativas a la prisión cuando la condena pueda privar a un menor del cuidado materno o paterno del que depende.
En el caso de Nerea, esta mirada integral parece no haberse aplicado. La sanción que cumple se refiere a un delito menor, sin peligro para la sociedad, y sin embargo el coste humano para sus hijos es enorme. Tal y como señalan diferentes asociaciones, la pena impuesta no cumple la función de rehabilitar, sino que añade capas de sufrimiento: castiga a la madre más allá de la sentencia y castiga, sin haber cometido delito alguno, a sus dos hijos.
Cuando existen alternativas, hay que buscarlas
¿O nos conformamos con lo que establezca el sistema para nosotros? ¿y si las instituciones públicas se equivocan en sus decisiones? Por eso se había solicitado un indulto que se ha denegado, y por eso ahora se ha pedido a la Junta de Tratamiento Penitenciaria el Tercer Grado (de semilibertad); esto es porque ni la prisión en la que cumple condena, ni la más cercana (ésta porque fue cerrada debido a los recortes), cuentan con módulo de maternidad.
Este tercer grado haría posible que Nerea cumpla la totalidad de su condena en un Centro de Integración Social (CIS), y no implicaría la separación del bebé, además de que tendría sentido la rehabilitación, porque se permite realización de trabajos sociales. Y que conste que al tiempo que he redactado la última frase he pensado que después de cinco años de que sucedieran los hechos narrados al principio, y con una nueva familia, se puede considerar que Nerea está rehabilitada, y reinsertada; pero en cualquier caso, si se puede compatibilizar el cumplimiento de la pena con la atención al bebé, ¿por qué no hacerlo?
El abogado de Nerea ha explicado que, si se concediera ese tercer grado, ella dormiría en el CIS pero podría pasar el día con su hijo, compaginando los trabajos en beneficio de la comunidad o programas formativos con la crianza. Se trataría de una medida plenamente ajustada al Reglamento Penitenciario, que ya prevé formas de semilibertad precisamente para facilitar la reinserción social, y que permitiría, al mismo tiempo, respetar el derecho del bebé a no separarse de su madre.
Los colectivos que la apoyan insisten en que la justicia debe ser también humana. Cuando existen alternativas previstas por la propia ley, mantener a una madre en un régimen de encierro total que la separa de un bebé lactante no puede justificarse ni desde la lógica de la reinserción ni desde el interés superior del menor. Las normas están para cumplirse, pero también para interpretarse de forma que no se conviertan en una fuente añadida de sufrimiento evitable.
En esta línea, distintas asociaciones de asistencia a víctimas de agresiones sexuales y malos tratos han manifestado su apoyo a Nerea señalando que no se trata de una mujer peligrosa, ni existe riesgo de reiteración delictiva, y que su condición de madre de dos hijos, uno de ellos aún bebé, hace absolutamente incompatible su permanencia en prisión en el régimen actual. Aplicar el tercer grado en casos como este no es un privilegio, sino una exigencia de humanidad y de coherencia jurídica.
Apoyos sociales, redes y movilización ciudadana
Yo no quiero conformarme con que la aplicación de la ley sea tan desigual para según qué casos, y no quiero mirar desde lejos la injusticia que Nerea y su bebé sufren; y no lo quiero hacer porque me pongo en su piel y sufro, porque también he tenido hijos con 15 meses y sé perfectamente cuánto necesitan a su madre. No quiero buscar explicaciones ni justificaciones, porque estoy del lado de una mujer que necesita alternativas (y una aplicación de la ley en función de una situación especial); y porque considero que su familia actual ya está suficientemente dañada por la separación como para empeorarlo aún más.
La historia de Nerea no solo ha conmovido a madres y padres individuales, sino que ha generado una amplia ola de apoyo en redes sociales. Bajo el hashtag #YoSoyNerea, miles de personas han compartido mensajes, reflexiones y llamamientos dirigidos a las autoridades para que se revise su situación y se conceda el tercer grado o, en su caso, el indulto. Esta etiqueta se ha convertido en símbolo de identificación colectiva con Nerea y con tantas otras madres invisibles tras los muros de una cárcel.
Los simpatizantes de González han creado una plataforma de apoyo en Facebook y una petición formal para pedir a la justicia el indulto o, en su defecto, el tercer grado, que permitiría a la mujer reencontrarse con el pequeño. Además del apoyo virtual, se han realizado concentraciones en la calle en distintas ciudades, con la participación de asociaciones de maternidad, grupos de crianza, entidades feministas y profesionales del ámbito jurídico y sanitario. Todas estas acciones persiguen el mismo objetivo: recordar que detrás de cada expediente judicial hay vidas reales que merecen ser escuchadas.
Si os interesa, podéis seguir la evolución de este caso en el hashtag #YoSoyNerea, o a través del perfil en Facebook de la Plataforma de Apoyo. Es precisamente esta visibilidad la que, en muchos casos, logra que las instituciones se vean interpeladas a revisar decisiones que parecían inamovibles.
Muchas de las personas que se han unido a esta causa han descubierto, a raíz de conocer el caso de Nerea, que la situación de las mujeres presas y de sus hijos suele ser prácticamente invisible en la agenda pública. Informes internacionales advierten de que la falta de contacto con la familia, la carencia de programas de apoyo a la crianza y la ausencia de módulos adecuados para madres con bebés son problemas estructurales que afectan a múltiples países, no solo al nuestro.
La movilización en torno a Nerea, por tanto, no solo reivindica una solución para ella y para su bebé, sino que también abre la puerta a una reflexión social amplia sobre cómo queremos que sea nuestro sistema penal cuando en el centro hay niños y niñas. Cada firma, cada mensaje y cada concentración se convierten en pequeños gestos que empujan hacia un cambio necesario.
Vía — Estudio sobre el útero
Imagen – EPEN.
Casos como el de Nerea y su bebé nos recuerdan que la justicia no puede limitarse a aplicar mecánicamente artículos del código penal sin tener en cuenta el impacto real sobre las personas más vulnerables, en especial sobre la infancia. Cuando una madre que no representa un peligro para la sociedad es encarcelada por un delito menor y se le priva de estar con su hijo lactante pese a existir alternativas legales, el sistema falla. Hablar de ella, apoyar las campañas que reclaman el tercer grado y exigir que se cumplan los derechos reconocidos en la normativa penitenciaria y en la Convención sobre los Derechos del Niño son formas concretas de construir una sociedad más justa, menos indiferente y más consciente de que cada decisión judicial lleva implícito el destino de muchos niños y niñas que merecen ser protegidos.