La enseñanza obligatoria debe ser gratuita en todo el estado español. Pese a esto, la mayoría de colegios concertados exige el pago de cuotas irregulares a las familias por la educación obligatoria.
Estas irregularidades se dan tanto en colegios concertados laicos como religiosos.
¿Qué dice la LOMCE?
La ley es muy clara al respecto. En el artículo 88 de la LOMCE sobre la garantía de gratuidad leemos: Para garantizar la posibilidad de escolarizar a todos los alumnos sin discriminación por motivos socioeconómicos, en ningún caso podrán los centros públicos o privados concertados percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito, imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran aportación económicas, por parte de las familias de los alumnos. Quedan excluidas de esta categoría las actividades extraescolares, las complementarias, y los servicios escolares, que, en todo caso, tendrán carácter voluntario.
La ley también dice que serán las Administraciones educativas las encargadas de dotar a los centros con los recursos necesarios para hacer posible esta gratuidad de las enseñanzas.
Según un informe de la OCU presentado en mayo del presente año, el coste de las cuotas exigidas a las familias llega a ascender a 501 euros al año.
Se piden pagos por la prestación de servicios como el seguro escolar (obligatorio solo a partir del tercer curso de la ESO), gabinete psicopedagógico, aumento de horario… sin informar de que es algo voluntario, sin que las familias sepan que tienen la opción de renunciar a estos servicios.
También se dan irregularidades en la en la gestión de actividades extraescolares. Solo en la Comunidad de Madrid, tras una inspección a 522 centros concertados se detectaron 167 a los que se les abrió expediente por las irregularidades cometidas en la gestión de las actividades extraescolares. Hechos como no informar a las familias del carácter voluntario de estas actividades, ofrecerlas en bloque sin desglosar o no informar de forma correcta a la administración son algunas de estas irregularidades.
¿Y si se detectan irregularidades?
Cuando en una inspección educativa se detectan irregularidades se abre expediente sancionador y se da un tiempo al centro para que pueda subsanar las deficiencias. Pasado este tiempo, si no se ha subsanado el error, la administración debe abrir una Comisión de Conciliación compuesta por el titular del centro, una persona del Consejo Escolar y otra en representación de la administración que acuerde medidas para corregirlo.
El centro debe cumplir obligatoriamente con los acuerdos pactados en dicha comisión. Si no lo hace, el centro sufrirá sanciones económicas, incluso la retirada del concierto educativo.