La infancia sigue siendo casi invisible y muchos de los problemas que sufren niñas y niños lo son todavía más, como ocurre con determinados tipos de maltrato menos evidentes. Los abusos emocionales y sexuales (ASI) son con mucha frecuencia ignorados o minimizados por una sociedad adultocéntrica que tiende a dudar del testimonio infantil y a proteger al adulto.
Si hablamos de los ASI, se sabe por diferentes estudios en España (Félix López / Ministerio de Asuntos Sociales, 1994), Europa, Estados Unidos y Canadá, que porcentajes que oscilan entre un 20 y un 25 % de las niñas y entre un 10 y un 15 % de los niños pueden sufrir abuso sexual antes de la mayoría de edad. Estas cifras se mantienen estables en distintos contextos, lo que indica que el problema es estructural, no anecdótico.
Además de esto, alrededor de un 80 % de los casos serán perpetrados por una persona cercana a la menor o al menor: familiares directos, familiares políticos, profesores, vecinos, monitores de ocio, entrenadores, amigos de la madre o del padre, líderes religiosos, etc. Desgraciadamente las cifras de las víctimas apenas cambian con el tiempo, aunque nos escandalicemos cada vez que escuchamos una noticia en los informativos o la leemos en el diario al que estamos suscritos. Y las víctimas sufren las consecuencias de un entorno que muchas veces niega los hechos, los simplifica o les quita importancia; y de una sociedad que no está preparada para aceptar que sí, un padre puede abusar de su hija, y sí, un docente puede someter a abusos a un alumno.
Por no hablar de la doble o la triple victimización que se sufre (hablamos más abajo de ello). Y no, no todos los adultos que rodean a las niñas y a los niños son monstruos, pero nos olvidamos de que esa posibilidad existe y de que la prevención exige mirar de frente esa realidad. Cuando sucede, podemos llegar a achacar esos cambios de humor, esa negación a ver a tal o cual persona, esa enuresis que reaparece a los 10 años, los terrores nocturnos o el bajo rendimiento escolar… a cualquier cosa menos a una sospecha que nos ronda por la cabeza y que nuestro cerebro esconde debido a los miedos, tabúes y creencias procedentes de la educación recibida.
Ahora te voy a contar el caso de una niña de tan solo 9 años que lleva 2 años denunciando ser víctima de abusos, siendo el agresor su padre. El perito que la examinó creyó que la pequeña fantaseaba y archivó el caso. Tras el paso del tiempo, disputas (y más) entre los progenitores que están separados y alguna que otra prueba física de que lo que contaba era cierto, María (nombre inventado) quiso demostrar la veracidad de sus palabras.
Protección (real) a la infancia versus doble victimización
Para demostrarlo se escogió una grabadora en el calcetín, y registró varias horas de conversación con el padre y los abuelos. En la charla el progenitor insiste en que solo era un juego, el abuelo pretende desviar el interés, y la abuela escurre el bulto y da por terminada la discusión. Pero la pequeña insistía en que su cuerpo es suyo y nadie tiene derecho a tocarlo. También contó con detalles en su día a un perito psicólogo que «su padre la tocaba por debajo de las bragas», y el profesional informó que la narración «carecía de estructura lógica y detalles». ¿De verdad queremos que una niña de 7 años muestre aptitudes de oratoria para creerla?
Un detalle que merece atención es que la madre, al revisar el vídeo de la exploración, observa interrupciones constantes, preguntas dirigidas y una insistencia agobiante sobre la menor; francamente, es difícil pensar que en esas condiciones se puedan obtener conclusiones que dignifiquen al menor y que recojan de forma fiable su testimonio.
A continuación os dejo el vídeo en el que se relata la victimización de que son objeto muchas víctimas infantiles, y una situación similar a la relatada por la progenitora.
Muchas veces no hay pruebas físicas, pero sí indicadores claros, y en ellos se deberían fijar los especialistas que examinen a niños víctimas. Los signos conductuales, emocionales y relacionales son, a menudo, la única huella visible de la violencia sexual, y requieren formación específica para interpretarse correctamente.
Lo peor (si cabe) es leer comentarios a la noticia en la que me baso, pues se alude a una supuesta manipulación de la madre sobre la niña, apelando a un supuesto Síndrome de Alineación Parental, un síndrome muy controvertido y discutido, tanto que hoy tampoco voy a entrar al trapo en profundidad. Por mi parte, conviene apuntar que en casos de sospecha de abuso sexual infantil:
- Un niño puede mentir o tener mucha fantasía, pero casi nunca inventa detalles sexuales concretos que no corresponden a su desarrollo; no inventan lo que no han vivido o visto de alguna forma.
- Para peritar un caso de este tipo, se debe estar muy bien preparado y formado; no todos los trabajadores sociales, educadores, psicólogos, pediatras, jueces, fiscales o policías saben detectar ASI ni entrevistar correctamente a una víctima infantil. ¿A qué esperan las administraciones para formarlos?
- Un buen peritaje, respetuoso con los tiempos y la vulnerabilidad del niño, puede descartar abusos sexuales de manera sólida, pero para eso hace falta tiempo, metodología y equipos especializados. Un peritaje deficiente puede provocar la revictimización o el archivo injustificado de una denuncia.
- El porcentaje de falsas denuncias se estima en torno a un 2-8 % según diferentes investigaciones. Incluso tomando la cifra más alta, eso significa que la enorme mayoría de las denuncias responden a situaciones reales o, al menos, a sospechas razonables de daño.
Niñas, abusos sexuales y doble victimización
Cuatro de cada cinco víctimas son niñas, y además de la vejación del abuso sufren la vergüenza, el miedo y los intentos de ocultación por parte del agresor. Una inocencia perdida, arrebatada por parte de alguien a quien se le atribuye el deber de amar, proteger y cuidar. Muy pocas víctimas lo cuentan de forma espontánea, y no resulta extraño: aparte de las emociones generadas, las peques se ven obligadas a callar en una especie de pacto de silencio decidido unilateralmente por quien las ha acariciado, tocado, obligado a ver porno, a mantener secretos o a realizar actos que no comprenden.
Cuando el abuso sale a la luz, comienza muchas veces la segunda parte de la pesadilla. Esta es la llamada victimización secundaria o doble victimización, y puede manifestarse de varias formas:
- No se las cree o se pone sistemáticamente en duda su testimonio, priorizando la presunción de inocencia del adulto sobre el derecho a ser escuchadas.
- No existe un tratamiento adecuado por parte de las instituciones: múltiples entrevistas, preguntas repetitivas, entornos hostiles o fríos, profesionales sin formación específica.
- Son tratadas como adultas, con un lenguaje técnico o jurídico incomprensible para ellas, sin adaptar la comunicación a su edad.
- Tienen que repetir la historia varias veces seguidas a personas que no siempre son amables, pacientes o empáticas, reviviendo el trauma una y otra vez.
- Se pretende que recuerden con exactitud fechas, secuencias y detalles, ignorando cómo funciona la memoria infantil y la memoria traumática.
En este contexto, todavía se espera que la víctima se muestre serena, no titubee y mantenga un relato lineal y perfecto. Ese estándar de credibilidad está pensado para un adulto en condiciones ideales, no para una niña o un niño que ha vivido una situación de extrema violencia y confusión.
¿Quién protege realmente a los niños y niñas?
Es habitual que, en los casos en los que los progenitores están separados o divorciados, haya quien acuse a una de las partes de inducir un Síndrome de Alineación Parental. Esta teoría, desarrollada por un psiquiatra llamado Gardner, pretendía explicar casos de “lavado de cerebro” cuando existen litigios por la custodia. Como ya se ha mencionado, este síndrome ha sido cuestionado y puesto en duda muchas veces a nivel científico y jurídico. En cualquier caso, sería muy pobre que el profesional que debe dictaminar en un caso de sospecha de abuso sexual se amparase casi exclusivamente en el SAP y no en un examen minucioso de la víctima, su contexto y todos los indicadores disponibles.
La protección real a la infancia frente a los abusos sexuales requiere asumir que la responsabilidad es compartida y se organiza en distintos niveles:
- La familia como primer nivel de protección: padres, madres o tutores representan el contexto normal de desarrollo del niño y deben cubrir sus necesidades, incluyendo la seguridad física y emocional. Les corresponde educar sobre el cuerpo, el consentimiento y los límites, y pedir ayuda cuando sospechen daño.
- El entorno familiar ampliado: abuelos, tíos, personas cuidadoras y comunidad cercana constituyen un apoyo inmediato al niño y a sus padres y, en caso necesario, pueden y deben actuar cuando detectan señales preocupantes.
- Los sistemas públicos de salud, educación, acción social y justicia: pediatras, docentes, orientadores, servicios sociales, fuerzas de seguridad y juzgados son el tercer nivel de protección que debe ayudar a las familias a asegurar los derechos de sus hijos.
- Los servicios especializados de protección de menores: actúan cuando los niveles anteriores no son suficientes para garantizar los derechos del niño o la niña, valorando situaciones de riesgo o desamparo y proponiendo medidas específicas.
- El Ministerio Fiscal y otros órganos garantes: velan por el interés superior del menor, supervisan las actuaciones y deben asegurar que la infancia sea considerada sujeto de derechos, no solo objeto de protección.
Yo creo que las niñas y los niños son lo más precioso que tiene esta sociedad; que una criatura deba recurrir a una grabación escondida para que crean que un familiar la toca es una señal de que el sistema ha fallado estrepitosamente. El intervencionismo que busca proteger es necesario, pero la espiral de abuso de poder en forma de entrevistas, preguntas amenazantes, juicios morales a la familia y ausencia de apoyo integral a la víctima, termina protegiendo más al agresor que a quien ha sufrido la violencia.
Cada persona que entra en contacto con un caso de abuso sexual infantil, ya sea profesional o familiar, debería preguntarse: “¿lo que estoy haciendo reduce el daño y la exposición del niño o lo aumenta?”. La respuesta honesta a esa pregunta marca la diferencia entre protección y revictimización. Cada uno que saque sus propias conclusiones.
Vía — Cadena Ser
Imagen — Tammra McCauley
Recursos especializados y modelos de atención que evitan la revictimización
En los últimos años algunos territorios han comenzado a desarrollar recursos específicos de atención a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, con el objetivo de reparar el daño y, sobre todo, de evitar la victimización secundaria. Aunque la organización concreta varía, comparten varios elementos clave:
- Asistencia psicológica especializada para valorar el daño y ofrecer tratamiento.
- Intervención sociofamiliar para analizar el entorno y coordinar recursos.
- Asesoramiento jurídico adaptado a las familias y a la edad del menor.
- Trabajo en red y coordinación interinstitucional para que el niño no tenga que peregrinar de servicio en servicio contando su historia una y otra vez.
Un ejemplo son los servicios de tipo SAANNA, diseñados como servicios de asistencia integral y especializada a menores que han sufrido violencia sexual y que residen en un territorio concreto. Su finalidad principal es reparar el daño causado por el abuso o agresión sexual, dotar de herramientas a la persona menor de edad y a su entorno convivencial e impedir la victimización secundaria.
¿Quiénes pueden beneficiarse de estos servicios integrales?
Los recursos especializados en violencia sexual hacia la infancia contemplan perfiles amplios de atención, porque la protección del menor implica intervenir tanto con víctimas como con su entorno y, en algunos casos, con menores que ejercen violencia. Entre las personas beneficiarias habituales se incluyen:
- Personas menores de edad víctimas de abusos, agresiones, trata y/o explotación sexual, independientemente de que exista o no denuncia formal.
- Personas menores de edad perpetradoras inimputables, es decir, que por su corta edad o características no son responsables penalmente, pero requieren intervención especializada para prevenir la reincidencia y favorecer un desarrollo psicosexual sano.
- Menores perpetradores con medidas judiciales cuando, desde el recurso donde cumplen la medida, no sea posible ofrecer atención adecuada.
- Familiares convivenciales y de referencia de niños, niñas y adolescentes víctimas o perpetradores, cuando los servicios territoriales lo determinen, ya que el trabajo con la familia es esencial para la reparación.
Esta visión amplia reconoce que la violencia sexual infantil es un fenómeno complejo, en el que a veces confluyen abuso, negligencia, dinámicas de poder en la familia, consumo de pornografía, pobreza o exclusión social. Por eso, limitarse solo a la atención individual de la víctima deja fuera piezas importantes del puzle.
Prestaciones clave: valoración, tratamiento y protección integral
Los servicios especializados ofrecen un conjunto de prestaciones orientadas tanto a confirmar la existencia de violencia sexual como a proteger, tratar y acompañar a la víctima y su entorno. Entre las más importantes se encuentran:
Asistencia psicológica
- Valoración diagnóstica: consiste en la exploración, durante las sesiones que sean necesarias, del niño, niña o adolescente respecto del cual se sospecha que ha podido sufrir abuso, agresión y/o explotación sexual. El objetivo es determinar la afectación del daño, tanto a nivel emocional como conductual y relacional. De esta valoración se deriva siempre un informe psicológico que debe ser claro, comprensible para la familia y útil para la toma de decisiones.
- Sesiones de tratamiento psicológico: se trata de un conjunto de actuaciones terapéuticas con la víctima, tendentes a paliar o eliminar las secuelas emocionales, cognitivas y físicas que el abuso haya podido causar (ansiedad, miedo, culpa, estrés postraumático, problemas de autoestima, etc.). También se ofrece orientación y apoyo a las personas y familiares convivientes, cuando el servicio derivante así lo determine, pues la familia necesita herramientas para sostener, escuchar y no revictimizar.
- Tratamiento a menores perpetradores: en los casos de niños, niñas o adolescentes que han ejercido violencia sexual, el tratamiento se orienta a trabajar estrategias educativas, rehabilitadoras y terapéuticas que favorezcan un desarrollo psicosexual saludable, la comprensión del daño causado y la prevención de nuevas agresiones.
- Informes de seguimiento y de finalización: los equipos suelen elaborar informes periódicos (por ejemplo, trimestrales) que recogen la evolución, las dificultades y las necesidades detectadas, así como un informe de cierre cuando el tratamiento concluye.
- Comparecencias judiciales: cuando el juzgado lo requiere, profesionales del servicio pueden comparecer para ratificar informes y explicar su contenido, ayudando a que las decisiones judiciales estén fundamentadas en criterios técnicos rigurosos.
Intervención sociofamiliar
Esta prestación se centra en evaluar la situación sociofamiliar del menor atendido, cuando así lo solicitan los servicios competentes, y en establecer canales de coordinación que faciliten la intervención en red. Algunas funciones concretas son:
- Analizar las dinámicas familiares, las figuras de apego, los apoyos disponibles y los factores de riesgo (consumo de sustancias, violencia de género, conflictos graves, aislamiento social, etc.).
- Coordinar con servicios sociales, centros educativos, recursos sanitarios, entidades del tercer sector y sistemas de protección de menores para asegurar una respuesta coherente.
- Acompañar a la familia en la comprensión del proceso de protección, explicando los pasos, las medidas y los derechos que les asisten.
Asesoramiento jurídico
El asesoramiento jurídico especializado ofrece información clara y adaptada sobre:
- Procedimientos judiciales penales, civiles o de protección que pueden activarse.
- Recursos legales y sociales disponibles para las víctimas y sus familias.
- Derechos del niño, la niña o el adolescente durante la investigación y el juicio, incluyendo el derecho a ser escuchado y a declarar en condiciones respetuosas.
Formación y orientación a profesionales
El equipo multidisciplinar que presta estos servicios suele impartir cursos de formación y orientación a profesionales de la red pública (servicios sociales, educación, sanidad, justicia, cuerpos policiales). Estos cursos abordan desde la detección y notificación del abuso sexual infantil hasta las buenas prácticas de entrevista y acompañamiento, pasando por el conocimiento de los protocolos y recursos disponibles.
El modelo Barnahus o “Casa de los Niños”
Uno de los modelos internacionales más relevantes en la protección de niñas y niños víctimas de abusos sexuales es el modelo islandés Barnahus, conocido como “Casa de los Niños”. Se configura como un recurso en forma de espacio amigable, cálido y adaptado a la infancia, que cuenta con profesionales especializados y coordinados.
Su objetivo principal es agrupar en un mismo lugar todos los agentes que intervienen en un caso de violencia sexual contra la infancia (justicia, servicios sociales, psicología, medicina forense, policía), de manera que:
- El niño o la niña no tenga que desplazarse a múltiples dependencias ni repetir su relato en numerosos contextos.
- La declaración se realice en una sola entrevista forense grabada en vídeo, llevada por profesionales formados, que pueda ser utilizada posteriormente en el proceso judicial para evitar nuevas exposiciones.
- La intervención se desarrolle en un entorno amable, adaptado en mobiliario, colores y materiales, para reducir la ansiedad y el miedo.
- Se respete tanto el interés superior del menor y sus derechos como los derechos de defensa de las personas denunciadas y la tutela judicial efectiva.
Organizaciones como Save the Children han elaborado manuales detallados sobre este modelo, sus potencialidades y su forma de implantación, proponiendo adaptaciones en los sistemas de protección para reducir la revictimización y hacer que cada declaración cuente con el máximo respeto a la infancia.
Este tipo de enfoque representa un cambio de paradigma: en lugar de adaptar al niño al sistema adultocéntrico, se adapta el sistema a las necesidades del niño, sin renunciar a las garantías procesales.
Ante cualquier situación de desatención, abandono o maltrato, conviene siempre actuar de forma rápida y garantizando la protección integral de los menores, recordando que la duda razonable en estos casos debe inclinarse a favor de la seguridad del niño o la niña.
Cuando como sociedad nos atrevemos a mirar de frente el abuso sexual infantil, formamos adecuadamente a los profesionales y construimos recursos adaptados como los descritos, las niñas y los niños dejan de ser invisibles y comienzan a ser realmente protegidos, escuchados y reparados en su dignidad.